Lo que los periodistas deben saber sobre una propuesta para reformar el financiamiento federal de la ciencia

Panorama general sobre cómo ha funcionado el financiamiento federal para la investigación científica durante décadas, cómo una propuesta de norma aumentaría el control político sobre la concesión de subvenciones y cómo los periodistas pueden cubrir las posibles repercusiones en sus propias comunidades.

Por Kerry Dooley Young

En vísperas de las elecciones intermedias de 2026, el gobierno de Trump está apurando una propuesta para dar a los funcionarios de libre designación mucho más control sobre el financiamiento federal para la investigación científica. Es una iniciativa que podría afectar a cientos de miles de millones de dólares en subvenciones para instituciones de todo Estados Unidos, y es algo que los periodistas locales deben entender.

¿Qué tan generalizadas serían las repercusiones de esa propuesta? Miles de universidades y otras instituciones de investigación en los 50 estados podrían verse directamente afectadas, lo que podría tener implicaciones para las economías estatales y locales.

Si simplemente escribe el nombre de casi cualquier municipio o ciudad grande de EE. UU. en el NIH RePorter, una base de datos de fondos federales de acceso público, es probable que descubra que se otorgan millones de dólares para investigación a universidades, organizaciones sin fines de lucro y empresas de su localidad. Esta base de datos interactiva, muy conocida entre los periodistas, hace un seguimiento de las subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH), consideradas la fuente vital de la investigación médica, que alcanza aproximadamente 35,300 millones de dólares en asignaciones anuales para el año fiscal 2025.

Durante mucho tiempo, obtener subvenciones federales mediante un proceso competitivo ha sido fundamental para que los científicos busquen nuevas formas de tratar y prevenir enfermedades, mejorar las previsiones meteorológicas, garantizar agua limpia, investigar los efectos de las políticas económicas y comprender mejor una larga lista de otros desafíos sociales.

Históricamente, un aspecto clave del proceso de selección ha sido la revisión por pares, mediante la cual expertos independientes de un campo científico específico ayudan a evaluar y determinar qué proyectos merecen ser financiados en función de sus méritos técnicos y su posible repercusión científica. Los NIH y otras organizaciones federales, como la Agencia de Protección Ambiental, colaboran con científicos y otros expertos, por lo general del mundo académico, para que evaluar las propuestas de subvenciones.

Si bien el proceso no es perfecto, los científicos e ingenieros afirman que la revisión por pares ha contribuido a crear un sistema eficaz y productivo para decidir qué proyectos financiar.

El 29 de mayo, el gobierno publicó un plan para modificar rápida y drásticamente el marco utilizado para decidir qué investigaciones e investigadores pueden calificar para las subvenciones, restando importancia al papel de la revisión por pares. La Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB), junto con más de 40 agencias federales, propuso una norma general que daría a los funcionarios políticos de libre designación una influencia más directa a la hora de decidir quién recibe las subvenciones.

Según la norma propuesta:

• Existe una prohibición general para subsidiar proyectos que “financien, promuevan, fomenten, subsidien o faciliten” programas de diversidad, equidad e inclusión.
• Las agencias federales estarían obligadas a aplicar un “marco de prioridades internas” que desaliente las colaboraciones de investigación con científicos de otros países.
• Se prohíbe financiar “iniciativas que afecten la seguridad pública o promuevan valores antiestadounidenses”. No se define qué se considera “antiestadounidense”.
• Las subvenciones otorgadas “deben, cuando corresponda, promover de manera demostrable las prioridades políticas del presidente”.
• Las agencias pueden “considerar la filiación de un solicitante con organizaciones que participan en actividades que infringen las leyes federales, socavan la seguridad pública o nacional o abogan por el derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos”.
• Las agencias también pueden “rescindir una asignación discrecional que no sea eficaz para lograr las metas del programa o las prioridades de las agencias federales, o que una agencia determine de otro modo que ya no redunda en beneficio del Gobierno federal”.
• La revisión por pares queda relegada a un papel más complementario en la toma de decisiones. La propuesta establece que el plan no pretende “desalentar o impedir el uso de métodos de revisión por pares para evaluar las propuestas de asignaciones discrecionales o informar de otro modo la toma de decisiones de las agencias, siempre que las recomendaciones de la revisión por pares sigan siendo consultivas y no sean ratificadas a nivel ministerial, aplazadas rutinariamente ni tratadas de otro modo como vinculantes de facto por los altos cargos o sus designados”.

La propuesta, que relega la revisión por pares a un papel de menor importancia, ha hecho sonar las alarmas en la comunidad científica.

La OMB estableció un plazo de 45 días para que el público comente sobre la propuesta de norma, plazo que culmina el 13 de julio. La oficina tiene la intención de que la norma entre en vigor a más tardar el 1 de octubre.

Se recibieron casi 497,000 comentarios, lo que refleja la profunda preocupación por el intento de quitar repentinamente el control del financiamiento destinado a la investigación científica a los científicos experimentados.

Nota del editor: SciLine es un programa editorial independiente de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (American Association for the Advancement of Science, AAAS), la sociedad científica multidisciplinaria más grande del mundo y editora de la familia de revistas Science. En una declaración del 2 de junio, la AAAS señaló que los cambios propuestos por la OMB politizarían la investigación y perjudicarían los descubrimientos científicos. Ha instado a sus científicos miembros a utilizar el proceso de comentarios para hablar sobre cómo los cambios de la OMB afectarían a su investigación.

Preocupación bipartidista por la velocidad y el alcance del cambio

La norma propuesta podría convertirse en un tema de disputa en las elecciones intermedias estadounidenses de 2026.

El director de la OMB, Russell Vought, ha tomado la inusual medida de atacar públicamente a los críticos de la propuesta durante el período de comentarios. Efectuó publicaciones en X desde su cuenta verificada y, luego, la cuenta oficial de la Oficina de Administración y Presupuesto retuiteó sus publicaciones.

En una publicación del 13 de junio, Vought describió su propuesta como un intento de detener “el gasto politizado, indiscriminado y contrario a las políticas del gobierno de Trump a través de las ONG”.

Entre los partidarios de la propuesta de la OMB se encuentra la Fundación Heritage, el destacado centro de estudios de derecha que elaboró el controvertido informe del Proyecto 2025, del que Vought fue coautor cuando era vicepresidente del grupo de presión de Heritage, Heritage Action for America.

Jonathan Butcher, director interino del Centro de Políticas Educativas de la Fundación Heritage, describe la norma propuesta como un intento por separar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de los programas federales.

“Lo veo desde la perspectiva de la igualdad ante la ley, y que el Gobierno federal está eliminando las preferencias raciales de sus programas de subvenciones”, señaló en una entrevista.

Sin embargo, uno de los republicanos más poderosos del Congreso le ha pedido a Vought que reconsidere la velocidad con la que pretende establecer la norma y su alcance.

“Las modificaciones propuestas son los cambios más importantes propuestos a la Guía desde su adopción”, escribió la presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, Susan Collins (republicana de Maine). “Sin embargo, la OMB ha otorgado a las partes interesadas solo 45 días para comentar sobre la norma, y ha declarado su intención de finalizarla antes del 1 de octubre de 2026, para que esté lista para el próximo año fiscal”.

Collins dijo en su carta que la regla “socavaría el objetivo de que el Gobierno federal financie proyectos de investigación científica y biomédica basándose en el mérito y el valor científicos, más que en la ideología política”.

Tres demócratas de la Cámara de Representantes, Frank Pallone, de Nueva Jersey, Diana DeGette, de Colorado, e Yvette Clarke, de Nueva York, han descrito la propuesta de la OMB como una “toma de poder evidente” que “amenaza con infligir graves daños a los emprendimientos de investigación biomédica del país al usurpar el papel fundamental de los expertos científicos en la aprobación y el financiamiento de las subvenciones”.

“Tememos que esta norma se traduzca en menos curas, menos ensayos clínicos y una mayor exposición a peligros para la salud pública”, escribieron los tres en una carta del 22 de junio dirigida al director de los NIH, Jay Bhattacharya.

En tanto, el 24 de junio, la Fundación Nacional de Ciencias (National Science Foundation, NSF) presentó una propuesta separada para modificar la forma en que se evalúan, otorgan y administran las subvenciones para proyectos de investigación a través de su Guía de Políticas y Procedimientos de Propuestas y Asignaciones (Proposal and Award Policies and Procedures Guide, PAPPG). En la guía que acompaña a la propuesta de la NSF se señala que “se alinea con las modificaciones propuestas a la Guía Uniforme de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB)… a través de la propuesta de norma publicada el 29 de mayo de 2026”.

La representante Zoe Lofgren (demócrata de California) manifestó su oposición en una carta del 29 de junio dirigida al director interino de la NSF, Brian Stone. “La NSF se apresuró y publicó las propuestas de modificaciones a la PAPPG antes de que se finalizara la norma de la OMB, e incluso mucho antes de que finalizara el período de comentarios públicos, lo cual es una señal clara de que el Gobierno en general, y la NSF específicamente, no tienen interés en considerar legítimamente las opiniones de la comunidad afectada”, escribió.

Preocupación por parte de los científicos del país

Los científicos de todo el país han expresado su preocupación por la disminución del papel de la revisión por pares en la propuesta de la OMB. También han resaltado una línea de la propuesta que dice que los solicitantes de subvenciones “deben comprometerse a cumplir las políticas, los procedimientos y las directrices del Gobierno, respetando los principios para una ciencia de excelencia”.

El término “ciencia de excelencia”  ha aparecido en varias directivas gubernamentales, incluida una orden ejecutiva presidencial, emitida una semana antes de la propuesta de la OMB, titulada “Restaurar la ciencia de excelencia”.

“Debemos devolver al pueblo estadounidense la fe en la empresa científica y en las instituciones que generan y aplican el conocimiento científico al servicio del bien público”, se declara en la orden.

En la propuesta de la NSF del 24 de junio se menciona: “la adhesión a los principios de la ciencia de excelencia en las propuestas, según corresponda al campo de la ciencia y la modalidad de investigación”, según aparece en la orden ejecutiva.

El término “de excelencia” se ha utilizado de manera informal entre los científicos durante décadas para describir métodos de investigación específicos de alta calidad; los ensayos controlados aleatorizados de doble enmascaramiento a menudo se describen como el estándar “de excelencia” para determinar si un nuevo tratamiento médico es seguro y eficaz. Sin embargo, según los científicos, la Casa Blanca claramente tiene la intención de añadir más política a las decisiones de financiamiento. Además, algunos miembros prominentes de la comunidad científica han sostenido que los políticos no deberían estar a cargo de evaluar la calidad de las investigaciones.

• Holden Thorp, editor en jefe de la familia de revistas Science, escribió en un editorial del 2 de junioque las agencias federales podrían “usar los vagos criterios de la ‘ciencia de excelencia’ de Trump para identificar instituciones y darles un trato preferencial”. (Nota del editor: La familia de revistas Science es publicada por la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, que también es la organización matriz de SciLine).
• “A primera vista, exigir a las agencias que se basen en la ciencia de excelencia suena como si se fuera a restringir la discreción política y vincular las decisiones gubernamentales más a la evidencia científica”, señalan los autores de un editorial publicado el 10 de junio en The BMJ. “Sin embargo, durante el año pasado, el gobierno de Trump generalmente invocó esa frase no como un estándar neutral de rigor científico, sino como una justificación para que la política tuviera control sobre el juicio científico”.
• En un editorial publicado el 15 de junio en el New England Journal of Medicine se afirma: “En el Journal, sabemos que lo que se considera ciencia de excelencia solo puede determinarse mediante una revisión por pares realizada por expertos en la materia: el sistema actual”.

Preguntas frecuentes para los periodistas

Ahora veremos cómo el Gobierno financia tradicionalmente la investigación científica y el papel de la OMB en ella, cómo los procedimientos que propone la OMB con esta norma difieren del método habitual de la oficina de presupuesto y cómo los periodistas pueden investigar las repercusiones de la norma propuesta en sus propias comunidades.

¿Cómo se convirtió el Gobierno federal en un importante financiador de la ciencia?

En primer lugar, veamos cómo han funcionado históricamente los fondos federales.

La Constitución otorga al Congreso lo que se conoce como el “poder presupuestario”. El artículo 1 de la Constitución establece: “No se podrá retirar dinero de Hacienda si no es en virtud de asignaciones efectuadas conforme a la ley”.

Esto significa que la Cámara de Representantes y el Senado deben aprobar leyes para permitir el gasto de las agencias federales. A estas se le conoce como “proyectos de ley de asignaciones”. El Congreso casi siempre colabora en las asignaciones con los presidentes, quienes promulgan estos proyectos de ley de gastos para convertirlos en ley.

En el segundo mandato del presidente Donald Trump, su gobierno ha intentado hacer cambios en el gasto que contravienen las asignaciones promulgadas.

El Gobierno federal de los Estados Unidos ha proporcionado algunos fondos para investigación científica desde sus primeros días. Por ejemplo, el Congreso aprobó en 1807 un proyecto de ley, firmado por el presidente Thomas Jefferson, que proporcionaba 50,000 dólares para hacer prospecciones en las costas de los Estados Unidos. En las décadas siguientes, el Congreso proporcionó fondos para promover investigaciones científicas que tuvieran aplicaciones prácticas inmediatas, como la mejora del rendimiento de los cultivos.

Tras la Segunda Guerra Mundial se produjo un cambio importante.

En 1945, el ingeniero e inventor Vannevar Bush entregó al presidente Harry S. Truman un informe titulado “La ciencia: la frontera sin fin”, en el que se pedía una mayor inversión en investigación básica.

“La investigación básica se lleva a cabo sin pensar en fines prácticos. El resultado es la adquisición de conocimiento general y la comprensión de la naturaleza y sus leyes”, escribió Bush. “El científico que se dedica a la investigación básica puede no estar interesado en absoluto en las aplicaciones prácticas de su trabajo, pero el progreso ulterior del desarrollo industrial acabaría estancándose si se descuidara durante mucho tiempo la investigación científica básica”.

El informe impulsó la creación de la Fundación Nacional de Ciencias y ayudó a persuadir al Congreso de que comenzara a financiar fuertemente lo que entonces era un incipiente NIH.

Las investigaciones históricas indican que la decisión de invertir en investigación básica convirtió a los Estados Unidos en una potencia económica y científica, lo que impulsó las innovaciones en medicina y tecnología que han mejorado la vida de las personas en todo el mundo.

El financiamiento federal para la investigación y el desarrollo científicos fue de unos 192,200 millones de dólares en el año fiscal 2025, el año presupuestario que comenzó el 1 de octubre de 2024, según un informe reciente del Servicio de Investigación del Congreso (Congressional Research Service, CRS).

¿Cuál es la función de la Oficina de Administración y Presupuesto?

La mayoría de los fondos federales para la investigación científica se destina a proyectos dirigidos por personas que trabajan en universidades y empresas, que compiten para obtener subvenciones.

Durante décadas, el Gobierno federal ha ido refinando sus métodos para tratar de garantizar que estas subvenciones se gasten bien.

Gran parte de la supervisión la lleva a cabo la OMB, que se ha expandido a lo largo de los años en línea con el crecimiento del Gobierno federal.

La OMB comenzó en 1921 como la Oficina de Presupuesto del Departamento del Tesoro. En 1939, esta oficina se trasladó a lo que entonces era la recién creada Oficina Ejecutiva del Presidente.

En 1974, el Congreso supeditó los cargos de director y subdirector de la OMB a la confirmación del Senado debido al poder que tienen las personas que ocupan estos puestos para influir en el gasto federal.

La enorme influencia de la OMB deriva del hecho de que es quien toma las decisiones finales sobre las operaciones de muchos programas federales. Las leyes federales aprobadas por el Congreso generalmente proporcionan a las agencias fondos y algunas instrucciones generales para gastarlos. Luego, las agencias resuelven los detalles y elaboran planes para llevar a cabo el trabajo instruido por el Congreso.

La OMB tiene la última palabra en muchos planes presupuestarios anuales y, con frecuencia, realiza cambios sustanciales en las propuestas presupuestarias iniciales presentadas por los directores de las agencias federales. Esa es la función presupuestaria de la oficina.

La función administrativa de la OMB es menos conocida por el público, pero podría decirse que es más influyente, puesto que, con frecuencia, le confiere la última palabra tanto en lo que respecta a las regulaciones federales formales como a los documentos de orientación menos formales en los que se detalla cómo se puede asignar el financiamiento. Esa es la función administrativa de la oficina.

Mediante reglamentos y documentos orientativos, la OMB da forma a las operaciones no solo de los gobiernos federal, estatal y local, sino también de las empresas y universidades.

El Congreso aprueba leyes que ordenan a las agencias federales tomar medidas, pero por lo general deja que los expertos de las agencias determinen cómo crear las nuevas normas federales.

Las agencias suelen enviar sus versiones preliminares de normas a la OMB, que solicita a su Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (Office of Information and Regulatory Affairs, OIRA) examinar estas propuestas.

Dentro de la OMB, “la OIRA ejerce una influencia considerable sobre el contenido de las regulaciones, lo que garantiza que las acciones de las agencias federales sean compatibles con” las preferencias de los presidentes, señaló el Servicio de Investigación del Congreso en un informe de 2023.

¿Qué es la “Guía uniforme”?

En 2013, la OMB publicó la Guía uniforme, un marco gubernamental para la administración de las subvenciones federales de investigación que intentaba consolidar varios documentos orientativos en uno solo.

La OMB describió el documento orientativo de 2013 como el producto de dos años de colaboración con los gobiernos federales, estatales y locales, las naciones tribales, las universidades, las organizaciones sin fines de lucro y los auditores.

Desde entonces, la OMB ha actualizado la Guía uniforme.

En una actualización de 2020 se hizo hincapié en las métricas de rendimiento y se añadió “una disposición que exigía que las adquisiciones realizadas en virtud de asignaciones federales dieran preferencia a artículos producidos en los Estados Unidos en la medida de lo posible”, según un informe del CRS publicado en diciembre pasado.

En una actualización de 2024 se abordan los costos indirectos para los investigadores y se deja en claro que las agencias federales pueden traducir los avisos de oportunidades de financiamiento para subvenciones federales a otros idiomas distintos del inglés.

La norma propuesta, de aprobarse, sería la modificación más importante de la Guía uniforme realizada hasta la fecha, lo que la haría mucho más poderosa de lo que es en la actualidad.

Entre los partidarios más fervientes del aumento del poder presidencial se encuentra el director de la OMB, Russell Vought, que también se desempeñó como director de la OMB durante el primer gobierno de Trump. Vought trabajó con la Fundación Heritage en su plan para un segundo gobierno de Trump, conocido como “Proyecto 2025”.

“La tarea del presidente conservador moderno es limitar, controlar y dirigir el poder ejecutivo en nombre del pueblo estadounidense”, escribió Vought en el informe del Proyecto 2025.

¿Qué tiene de inusual el cronograma de la propuesta de la OMB?

Además del contenido de la norma propuesta, muchos investigadores se oponen a la rapidez con la que la OMB pretende realizar estos cambios.

Algunos científicos, como la Dra. Dara Norman, presidenta de la Sociedad Astronómica Estadounidense, han pedido a la OMB más tiempo para revisar la propuesta.

En un comentario del 10 de junio enviado a la OMB, Norman dice que un período de comentarios de 90, o incluso 120, días sería más apropiado que el período de comentarios actual de 45 días debido a los cambios considerables que se pretende implementar en la norma propuesta.

“Se enumeran 120 modificaciones en numerosas áreas, como la selección de subvenciones, las estructuras de costos permitidas y la colaboración internacional, por nombrar algunas”, escribe Norman. “Estos cambios transformarían la forma en que funciona la ciencia en Estados Unidos y afectarían la forma en que se financian los proyectos, la forma en que se llevan a cabo y la difusión de sus resultados, incluso en revistas revisadas por pares de libre acceso”.

Para entender en qué se diferencia de la norma el plazo inusualmente rápido de cuatro meses dado a la propuesta de la OMB de Trump, se debe tener en cuenta que un cambio reciente y mucho menos extenso realizado a la Guía uniforme implicó un proceso de 20 meses, que abarcó desde la solicitud de comentarios al público en febrero de 2023 hasta la publicación de los cambios propuestos en octubre, la aceptación de comentarios respecto de esos cambios y la publicación de una propuesta de orden final en abril de 2024, que entró en vigor en octubre de 2024.

Recomendaciones y herramientas de cobertura periodística para periodistas locales

Las posibles ramificaciones de cambios tan radicales en el control de la investigación científica son una historia fuertemente local.

Los proyectos de investigación de importancia para las comunidades demográficas, las regiones geográficas o las industrias particulares podrían verse afectados.

Los directores de cualquier universidad o institución de investigación de su comunidad que dependan del financiamiento federal para la investigación probablemente tengan algo que decir al respecto, al igual que cada científico de esas instituciones. Sin embargo, tenga en cuenta que es posible que algunos sean reacios a hablar abiertamente sobre un tema político que esté directamente relacionado con futuras oportunidades de financiamiento. Para encontrar científicos que probablemente se sientan cómodos hablando de forma oficial, busque a aquellos que ya hayan hecho comentarios públicos sobre la propuesta.

Debido a su propia naturaleza, la propuesta de introducir un mayor control político sobre la investigación científica también es un tema de debate político este año. En las elecciones intermedias de 2026 se votan todos los escaños de la Cámara de Representantes y los 35 escaños del Senado.

Sus audiencias podrían estar interesadas en saber si los legisladores apoyan o se oponen al plan de la OMB de aumentar el control directo de la Casa Blanca sobre las subvenciones. Si se finaliza esta norma de la OMB, los miembros del Congreso se enfrentarán a los persistentes llamados de la comunidad científica para bloquear su implementación o para que la Oficina de Presupuesto la modifique.

Puede encontrar una gran cantidad de ideas importantes sobre contextos e historias relacionados con las ramificaciones de las propuestas de cambios en los miles de comentarios públicos al respecto y en las bases de datos en las que se detallan los proyectos locales que reciben fondos federales para investigación:

• Regulations.gov es un sitio web interactivo en el que se publica el texto de las normas federales y los documentos de orientación, junto con los comentarios públicos enviados al respecto. Incluye una barra de búsqueda sencilla en la que puede escribir el nombre de una ciudad o estado y buscar personas de su región, incluidos científicos cuyo trabajo depende de las subvenciones federales, que hayan enviado comentarios sobre la norma propuesta por la OMB. También puede buscar por política. Antes de citar comentarios que critiquen o elogien cualquier aspecto de una propuesta de norma gubernamental, revise el texto real de la norma para asegurarse de que la descripción de la persona que comenta sea precisa.
• Para buscar instituciones locales que hayan recibido subvenciones federales para investigación médica, consulte la base de datos NIHReporter, que le permite buscar subvenciones por región, además de ordenar los resultados por distritos del Congreso. También permite buscar términos específicos, para que pueda buscar subvenciones concedidas para estudios relacionados con enfermedades o amenazas sanitarias específicas.
• La Fundación Nacional de Ciencias tiene una herramienta en línea similar para buscar subvenciones que se han otorgado en su región.
• USAspending.gov es otra herramienta útil para hacer un seguimiento de las subvenciones. Para comenzar, haga clic en “Start Searching Awards” (Comenzar a buscar asignaciones) en la pantalla de inicio y luego en “Grants” (Subvenciones), en el lado izquierdo de la pantalla. Cuando llegue a la página de subvenciones, puedes buscar más específicamente por palabra clave y lugar, por ejemplo, filtrando por “agua limpia” o “Portland, Maine”.
• Los informes del Servicio de Investigación del Congreso también son recursos muy útiles. Redactados por expertos, estos informes tienden a ser muy detallados y fiables.

Kerry Dooley Young es una periodista independiente radicada en Washington, D.C. También ha escrito para The Journalist’s Resource, STAT, Bloomberg Government y el Washington Post. Anteriormente, cubrió el presupuesto federal y la política de salud para Congressional Quarterly y la industria farmacéutica y la Administración de Alimentos y Medicamentos para Bloomberg. Ahora se centra en escribir para las publicaciones médicas especializadas Medscape y MedCentral.