Qué dicen las investigaciones sobre el fraude electoral

Una guía para ayudar a los periodistas a definir qué es el fraude electoral, comprender que es algo extremadamente inusual y detectar posibles errores en los conjuntos de datos del Gobierno.

Actualizado al 25 de septiembre de 2026 en respuesta a una orden de emergencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos del mismo día que suspende las restricciones a los estados que utilizan el programa SAVE.

Por Rachel Layne

En la antesala de las elecciones intermedias de 2026, la administración Trump ha alegado reiteradamente fraude electoral generalizado para justificar un cambio sin precedentes orientado al control de las elecciones a nivel federal y a una serie de intentos para restringir el acceso al voto. Estos intentos incluyen limitar el derecho a votar por correo, exigir un documento probatorio de ciudadanía para votar y exigir a los estados que compartan con el Gobierno federal los datos confidenciales y de identificación personal de los votantes.

Los periodistas que realicen una cobertura de estas alegaciones pueden recurrir a un importante conjunto de investigaciones independientes, no partidistas y basadas en datos sobre la frecuencia y las circunstancias en las que se produce el fraude en las elecciones de los Estados Unidos.

Los datos recopilados por especialistas en ciencias sociales, observadores independientes y funcionarios gubernamentales, y detallada en las sentencias judiciales, indican que los casos documentados de fraude electoral son extremadamente inusuales.

En esta guía se explican las investigaciones relacionadas con las alegaciones de votaciones por parte de personas sin ciudadanía planteadas por el actual Gobierno; qué constituye un fraude electoral; qué tan poco frecuente es y por qué; por qué los Estados Unidos no tienen una lista nacional de votantes; por qué es importante tener en cuenta los errores estadísticos al evaluar las alegaciones de fraude electoral; qué indican las investigaciones sobre las creencias en relación con el fraude electoral y cómo contrarrestarlas; qué recomendaciones para la cobertura periodística ofrecen los investigadores que estudian el tema; y dónde encontrar fuentes de datos fiables sobre el tema.

El fraude electoral ocurre cuando una persona vota deliberadamente de manera ilegal. Puede incluir el incumplimiento de leyes federales o estatales individuales que prohíben votar sin ser ciudadano, votar en nombre de una persona muerta, hacerse pasar por un votante registrado a nombre de otra persona, votar más de una vez o en varios lugares, votar en nombre de otra persona, votar tras manipular las papeletas o los sistemas de votación, o votar en un estado que no sea el domicilio legal del votante. Votar mientras se está encarcelado o después de una condena por un delito grave en los estados donde es ilegal hacerlo también se considera fraude, pero los detalles de lo que está permitido varían mucho de un estado a otro.

Para los periodistas que informan sobre las alegaciones de fraude electoral, es importante aclarar qué es realmente el fraude, ya que las publicaciones de redes sociales y funcionarios públicos a veces usan el término de manera imprecisa o incorrecta.

Esto significa distinguir el fraude de los errores administrativos que hacen que alguien vote cuando no está autorizado a hacerlo, de otros tipos de delitos o corrupción, y de las tácticas de campaña que son agresivas o manipuladoras, pero que siguen siendo legales.

La recaudación de fondos políticos por parte de empleados federales es un ejemplo de un acto ilegal, pero no de fraude. La manipulación de los distritos electorales es una técnica muy criticada para influir en las elecciones, pero no hay leyes federales que la prohíban, por lo que no es un fraude. Presentar una papeleta por correo sin una firma hará que esa papeleta no sea válida, pero es un error, no un fraude; mientras que falsificar la firma de otra persona en una papeleta por correo es un fraude.

“Existe una definición jurídica específica de «fraude»”, afirma Sean Morales-Doyle, director sénior de derecho al voto y elecciones del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, que analiza los procedimientos y las leyes electorales y trabaja para promover la reducción de las barreras en el acceso al voto.

Morales-Doyle recomienda “tener mucho cuidado al distinguir entre los diferentes tipos de delitos y formas de corrupción, y la forma en que se relacionan con las políticas y respuestas que la gente pone sobre la mesa”.

Las investigaciones, que se remontan décadas atrás, indican que los casos documentados de fraude electoral son extremadamente poco comunes, incluso en tres de las categorías a las que se ha dirigido la administración Trump: el voto de personas que no son ciudadanas, la posible interferencia en las máquinas de votación y el fraude en la votación por correo.

• Como se señala en la guía para periodistas de SciLine sobre votación por correo, según [un] artículo de 2023 del MIT Election Data and Science Lab, “Los estudios indican sistemáticamente que el fraude en las elecciones estatales es insignificante”. Los investigadores de Brookings Institution, un grupo de expertos no partidista, analizaron los casos de fraude denunciados durante las elecciones de 2016, 2018, 2020 y 2022, y estimaron que, en promedio, hubo unos cuatro casos de fraude por cada 10 millones de votos emitidos por correo”.
• La tecnología de votación pasó a ser un tema central en las teorías conspirativas y acusaciones refutadas sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El presidente Trump y algunos de sus seguidores han reavivado algunas de esas afirmaciones durante el período electoral 2026. Sin embargo, como se señala en la guía para periodistas de SciLine sobre máquinas de votación, “Ha habido varios estudios en los que se analiza la afirmación de que las máquinas de votación transfirieron votos de Donald Trump a Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, y en ninguno de ellos se hallaron pruebas de dicha afirmación”.
• El Center for Election Innovation and Research(CEIR), una organización sin fines de lucro que hace un seguimiento de las denuncias públicas sobre posibles casos de registro o sufragio de votantes sin ciudadanía en EE. UU., informa que “las acusaciones generalizadas sobre posibles casos de registro o sufragio de personas que no son ciudadanas parecen deberse a malentendidos, caracterizaciones erróneas o invenciones descaradas sobre datos complejos de los votantes”.

El rastreador interactivo de CEIR, que es actualizado con frecuencia, es un recurso útil para los periodistas locales. Además de documentar las alegaciones iniciales, hace un seguimiento de las investigaciones oficiales y los casos judiciales sobre fraude electoral relacionados con personas que no son ciudadanas, y señala que “incluso las alegaciones más importantes representan una pequeña fracción de los votantes registrados en cualquier estado” y que “independientemente del estado, las cifras anunciadas después de una investigación adecuada son invariablemente mucho más bajas que las anunciadas antes de la revisión”.

Por ejemplo:

• En octubre de 2025, el secretario de estado de Texas envió a las autoridades del condado una lista de nombres de 2724 votantes identificados como votantes sin ciudadanía. A modo de contexto, Texas tenía registrados alrededor de 18.6 millones de votantes para las elecciones de 2024. Las autoridades investigaron esos nombres. En septiembre de 2026, el estado anuncióque 578 de las personas de la lista habían “demostrado” ser ciudadanos estadounidenses y que 117 casos de “posibles votos de personas sin ciudadanía” habían sido remitidos a la fiscalía general del estado para que esta los investigara más exhaustivamente. Por otra parte, las autoridades federales y estatales dijeron que habían acusado o imputado a siete personas por actos vinculados a la falta de ciudadanía y a votaciones en Texas.
• En el estado de Washington, se sometieron a proceso 15 casos de votación de personas sin ciudadanía entre 1982 y 2025, o alrededor del 0.000006 % de los votos emitidos, según la oficina del secretario de estado.
• En julio, un legislador del estado de Kentucky afirmó que había identificado a 159 personas sin ciudadanía que había votado, citando datos de los últimos cinco años de la Junta Electoral del estado. En el estado, hay unos 3.2 millones de votantes activos registrados, por lo que, de demostrarse la validez de la afirmación, ello representaría alrededor del 0.012 % de los votantes activos. Esa junta estatal informó que 379 personas sin ciudadanía habían sido eliminadas de su lista de votantes desde octubre de 2024, según la herramienta de seguimiento del CEIR.

El fraude electoral es inusual, en parte, porque los estados y las jurisdicciones locales cuentan con sistemas para prevenirlo. La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales ofrece una guía sobre los diferentes tipos de posibles fraudes y sobre las leyes, las medidas de control y los mecanismos estatales vigentes que cada jurisdicción emplea para garantizar que los votantes registrados puedan votar legítimamente.

El posible beneficio por cometer fraude electoral de forma individual en caso de no tener la ciudadanía es insignificante en comparación con las sanciones, que pueden incluir multas y penas de prisión, o incluso la deportación.

“Las personas no suelen tener en cuenta el beneficio. Es posible emitir un solo voto. ¿Vale la pena correr el riesgo de sufrir ese tipo de consecuencias por el beneficio de poder emitir un solo voto?” Señala Morales-Doyle. “De eso se trata realmente, y por eso no ocurre muy a menudo”.

Mediante los protocolos de seguridad y las verificaciones del estado de registro por parte de los funcionarios locales se suelen detectar errores y actos ilícitos deliberados cuando se producen, incluidos los registros accidentales de votantes.

En julio, por ejemplo, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció que unas 6600 personas que fueron identificadas como personas sin ciudadanía fueron inscritas erróneamente para votar en 2023 y 2024, sin que fuera su culpa, debido a un error de software en el sistema de registro automático de votantes de la Comisión de Vehículos Motorizados del estado.

La gobernadora agregó que, según un análisis preliminar, menos de 400 de esas personas efectivamente votaron.

El CEIR señala que hay alrededor de 6.1 millones de votantes activos registrados en Nueva Jersey y que “si la tomamos por lo que es, la mayor alegación documentada [6600 registros erróneos] representaría aproximadamente el 0.1082 % de los votantes activos registrados”.

También es posible que se identifique erróneamente que un votante válido no pertenece a las listas de votantes de un estado por diversas de razones, por ejemplo si hay demoras en la actualización del estado de votante por motivos como cambios de dirección, liberación de prisión y la obtención de la ciudadanía por naturalización.

Tras una orden ejecutiva de marzo de 2025, el Departamento de Justicia comenzó a exigir a los estados los registros electorales completos, lo que incluye información confidencial y datos personales, como números parciales de las seguridad social. Los datos se incluirán en el programa de verificación sistemática de derechos de los extranjeros, llamado Systematic Alien Verification for Entitlements, o SAVE, del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. (Creado en 1986, SAVE fue concebido originalmente para verificar si los inmigrantes cumplían los requisitos para recibir prestaciones públicas. La administración Trump lo amplió para los controles de ciudadanía relacionados con los votantes).

La mayoría de los estados se negaron a elaborar registros sin censurar, ya que hay varias leyes federales y estatales que obligan a los funcionarios electorales a ocultar y proteger cierta información confidencial al compartir las listas de votación, pero sí ofrecieron publicar las listas con esa información censurada de manera que no se la haga pública. Posteriormente, el Departamento de Justicia presentó 31 demandas contra 30 estados y Washington, D.C., por no proporcionar las listas sin censurar que exigía. Hasta el 22 de septiembre, ninguna había logrado forzar la divulgación de los datos, y los tribunales federales habían desestimado 25 de esos casos.

En junio, un juez federal impidió el uso del programa SAVE por parte de cualquier estado para fines electorales, alegando errores en los datos del programa cuando se combinaron con los datos de Texas, puesto que se eliminaron erróneamente a ciudadanos de las listas de votantes, además de identificar a algunos ciudadanos naturalizados como personas sin ciudadanía. Sin embargo, el 25 de septiembre la Corte Suprema suspendió dichas restricciones, dictaminando mediante una orden de emergencia que los estados pueden, por ahora, seguir utilizando el programa para fines de verificación de votantes.

La fusión de grandes conjuntos de datos tiende a producir errores para votantes individuales y puede tener como consecuencia la privación de sus derechos.

Hipotéticamente, una tasa de error del 0.1 % como resultado de la fusión de los conjuntos de datos de los votantes, a veces también denominada “vinculación de registros” (por ejemplo, datos estatales con los del sistema SAVE), de 10 millones de registros de votantes, significaría que a 10 000 no se les permitiría votar debido a errores de identificación. Según Morales-Doyle, cualquier alegación importante de fraude extraída de una base de datos de este tipo debe abordarse con “mucho escepticismo”, y señala: “Esa pequeña tasa de error puede terminar representando un número muy grande”.

El 18 de agosto, la Oficina del Censo publicó un “análisis inicial” del voto de personas sin ciudadanía.

Según el informe, la Oficina del Censo “determinó sin problemas y con gran fiabilidad” que más de 128 millones de votantes que sufragaron en las elecciones de 2020 eran ciudadanos. También indicó que más de 24 000 registros correspondían a “personas que no tenían la ciudadanía en el momento de las elecciones”, lo que representa menos del 0.019 % de la muestra de 128 millones de votantes.

Al igual que con el programa SAVE, el análisis de la Oficina del Censo también tiene un posible problema con la tasa de error, tal como escribió Justin Levitt, profesor de la Facultad de Derecho de Loyola y experto en elecciones, en una publicación en su blog sobre derecho electoral.

El informe no contiene las advertencias en que se detallan las posibles fuentes de error que normalmente se encuentran en los informes del censo. Sin embargo, en una de las cinco fuentes que se citan al final del informe se detallan las limitaciones del método utilizado para vincular los registros de los votantes, lo que indica que existe la probabilidad de que haya errores.

“Dicho de otra manera: es muy probable que cada presunto votante sin ciudadanía se deba a errores en el proceso de asignación”, escribió Levitt. “No sabemos si los errores en el archivo del proveedor privado o los errores en los datos del gobierno federal son aún mayores”.

Trump suele citar un supuesto fraude electoral como motivo para establecer una lista nacional de ciudadanos con edad legal para votar. Debido a ello, quienes leen las noticias pueden llegar a preguntarse por qué Estados Unidos aún no tiene una lista nacional de votantes.

En el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos se asigna la responsabilidad de celebrar elecciones a cada estado, que supervisan las elecciones en más de 10 000 jurisdicciones locales. Esto incluye el registro de los votantes, la gestión antes, durante y después de una elección, y la determinación de si un votante es apto para votar.

Los procedimientos de registro varían según el estado. La mayoría de los estados exigen que los posibles votantes llenen un formulario con su nombre, dirección y fecha de nacimiento y, en 32 estados, su afiliación a un partido político. Los 49 estados que exigen el registro de votantes obligan a los posibles votantes a declarar que son ciudadanos estadounidenses so pena de perjurio. Si bien algunos estados exigen un documento probatorio de ciudadanía, otros lo exigen solo si la condición de un posible votante no se puede determinar por otros medios, como los datos de la licencia de conducir.

Dakota del Norte no exige el registro de votantes, en parte “debido a su carácter rural”, según una nota explicativa de la oficina del secretario del estado. Los votantes presentan una identificación “aceptable” en las urnas, y los distritos electorales más pequeños “tienen el objetivo de garantizar que las juntas electorales conozcan a los votantes que acuden a los centros de votación para votar el día de las elecciones y puedan detectar fácilmente a quienes no deberían votar en el distrito electoral”.

La supervisión estatal de las elecciones, un pilar del sistema de federalismo prescrito en la Constitución, es una de las principales razones por las que no hay una lista nacional de votantes, y el Congreso nunca la ha exigido, según el Bipartisan Policy Center, un grupo que asesora a las autoridades electorales locales y analiza estas políticas dispares para el público.

Los estudios científicos pueden ayudar a los periodistas a cubrir las alegaciones y los casos sobre fraude electoral sin promover creencias falsas. Las investigaciones realizadas hasta la fecha parecen indicar lo siguiente:

Según los autores de un artículo arbitrado de agosto de 2025 publicado en la revista Science Advances, informar a los votantes sobre los procedimientos y las medidas de seguridad electorales antes de que reciban información falsa, un proceso que en inglés se denomina “prebunking”, contribuye a aumentar la confianza en las elecciones y a disminuir las preocupaciones en torno al fraude.

En su serie de estudios, se consultó a miles de votantes antes y después de las elecciones intermedias de 2022 en Estados Unidos, cuando el entonces expresidente Donald Trump amplificó las alegaciones de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020 y, en otra instancia, después de las elecciones presidenciales de 2022 en Brasil, tras años en que el presidente Jair Bolsonaro afirmó que el sistema de votación electrónica de su país era susceptible de fraude. Posteriormente, Bolsonaro fue sentenciado a 27 años de prisión por intentar un golpe de estado tras perder ese año.

Además, según indican los investigadores, la confianza de los votantes en el proceso electoral aumentaba, aunque en menor medida, si la información provenía de “fuentes creíbles”, personas que expresaban su confianza en el sistema, aunque no siempre les beneficiara, como las figuras políticas conocidas que apoyaron a Trump en las elecciones de 2020, que perdió.

Según un estudio publicado en la edición de abril de 2026 de Social Science Quarterly, basado en las respuestas a la 2024 Cooperative Election Survey (Encuesta electoral cooperativa de 2024), si bien tanto los demócratas como los republicanos estaban de acuerdo en que los actos ilegales, como emitir varios votos, son fraudulentos, el uso del término “fraude electoral” tiene un sentido más amplio para ambos grupos.

Los demócratas tendían a asociar la frase “fraude electoral” al “caracter falso de la narrativa de Trump”. Según los autores, como resultado, cuando escuchan “fraude” lo asocian a “la Gran Mentira”, escriben los autores.

“Para los republicanos, la mayoría de las personas que votaban por correo eran “fraudulentas”, al igual que cualquier elección que no incluyera normas para la identificación de votantes”, afirma Soren Jordan, profesor asociado de la Escuela Bush de Gobierno y Servicio Público de Texas A&M y coautor del estudio. “Es el tipo de afirmaciones que permiten reflexionar sobre cómo se construye la narrativa en torno al fraude y también sobre la forma en que hablamos sobre cómo resolver el fraude o sobre la preponderancia del fraude entre la población estadounidense”.

Las normativas que difieren de un estado a otro, si bien son un testimonio del sistema federalista descrito en la Constitución, pueden generar una pérdida de confianza en el proceso electoral, según escribe Joshua D. Clinton, profesor y codirector del Centro para el Estudio de las Instituciones Democráticas de la Universidad de Vanderbilt, en un estudio sobre la confianza de los votantes publicado en mayo de 2026 en la revista American Political Science Review.

La confianza disminuye más cuando los votantes no están de acuerdo con los procedimientos electorales de su estado, mientras que aumenta cuando están de acuerdo con la forma en que se llevó a cabo una elección. Según el estudio, la pérdida es “más pronunciada entre los republicanos y los votantes sin partido político”.

Clinton señala, además, que, como las normativas son diferentes en cada estado, las sospechas sobre las elecciones nacionales también aumentan cuando los resultados están reñidos.

“En todos los estados, el problema puede intensificarse cuando hay resultados nacionales muy disputados que dependen de los resultados obtenidos mediante procedimientos divergentes y cada vez más polarizados, lo que suscita escepticismo sobre los resultados de elecciones que se llevan a cabo conforme a normas diferentes”, escribe.

Pedimos a varios investigadores que compartieran recomendaciones para los periodistas locales antes de las elecciones intermedias de 2026. Esto es lo que dijeron:

“Mis artículos periodísticos favoritos comienzan con un descargo de responsabilidad general en que se menciona que «las leyes electorales varían mucho de un estado a otro»”, dice Jordan. “Todos están de acuerdo en que «hacer trampa» —destruir papeletas, rellenar múltiples papeletas— es un “fraude”. Sin embargo, algunos grupos van más allá: [sugiriendo que] “fraude” significa votar sin mostrar un documento de identificación con fotografía. Según las normativas del estado, eso no es fraudulento, ya que se permite en las elecciones”.

Thessalia Merivaki, directora del Instituto Thomas S. Foley de Políticas Públicas y Servicio Público y profesora de gobierno en la Universidad Estatal de Washington, señala que también es importante entrevistar a una autoridad electoral que pueda explicar a los periodistas cómo se siguen las normas. Inste a los periodistas a establecer relaciones con las autoridades electorales locales tan pronto como sea posible y mucho antes de las elecciones.

“También es importante tratar de obtener una cita textual de las autoridades”, señala Merivaki. “Evitar el sensacionalismo de estas historias es fundamental”.

En las encuestas de Bright Line Watch se ha consultado a las personas sobre una amplia variedad de tipos de fraude, según John M. Carey, profesor de gobierno del Dartmouth College, que afirma que “las creencias de las personas sobre la frecuencia con la que esto sucede superan en gran medida lo que indica cualquier evidencia razonable”.

Eso significa que los periodistas y otros comunicadores “realmente tienen que ser reiterativos. Las personas necesitan recibir el mensaje más de una vez y de más de una fuente. En la medida en que los periodistas puedan alentar a las élites políticas y a los formadores de opinión a reiterar estos mensajes, mucho mejor”, afirma Carey.

Si una autoridad pública denuncia un fraude electoral, pida la fuente de información utilizada para identificar la supuesta votación ilícita. Las bases de datos disponibles públicamente a menudo no contienen suficiente información para confirmar definitivamente si una persona en particular ha votado indebidamente. Matthew Weil, vicepresidente del programa de gobierno del Bipartisan Policy Center, un centro de estudios sin fines de lucro, señala que los periodistas “deben ser cautos” ante estas afirmaciones.

Algunos estados vuelven a revisar las listas de votantes después de una elección mediante su base de datos completa para comprobar y asegurarse de que las personas que no deberían haber votado no hayan participado en las elecciones. Los periodistas pueden hacer un seguimiento cuando las autoridades llevan a cabo esas investigaciones.

El Bipartisan Policy Center es un centro de estudios con sede en Washington fundado en 2007 por los exlíderes de la mayoría del Senado de los Estados Unidos Howard Baker, Tom Daschle, Bob Dole y George Mitchell para buscar y elaborar recomendaciones sobre políticas bipartidistas.

El Brennan Center for Justice, de la Universidad de Nueva York, estudia los derechos electorales y aboga por reducir las barreras y brindar un acceso más equitativo al voto. También hace un seguimiento estrecho de las elecciones y de temas relacionados.

El Center for Election Innovation and Research es una organización sin fines de lucro fundada en 2016 que trabaja con las autoridades electorales locales para fomentar la confianza de la población en las elecciones mediante un enfoque no partidista.

El Congressional Research Service, administrado por la Biblioteca del Congreso, investiga una amplia variedad de temas y redacta informes no partidistas para los miembros del Congreso. Para este informe, utilizamos aquellos relacionados con las máquinas de votación y las leyes y los reglamentos electorales de nivel federal.

La Comisión de Asistencia Electoral de los Estados Unidos: la agencia federal creada por HAVA para ayudar a los estados en las elecciones.

Laboratorio de Ciencia de Datos Electorales del MIT: Este centro de investigación del Instituto de Tecnología de Massachusetts, fundado por el politólogo Charles Stewart III, recopila, analiza y comparte datos sobre las elecciones estadounidenses.

Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales: La NCSL fue creada por las legislaturas estatales en 1975. Hace un seguimiento de la legislación y las políticas a nivel estatal. Ofrece explicaciones detalladas sobre las elecciones, las leyes estatales y las leyes propuestas; el registro y la verificaciónde votantes, los sistemas de votación y otros temas relacionados con las elecciones.

La Asociación Nacional de Secretarías de Estado: Esta organización bipartidista se reúne para debatir temas que generalmente corresponden a las funciones que desempeña la secretaria de estado. Puede acceder a su campaña de redes sociales #Trustedinfo aquí, además de a recursos para cada estado.

El Registro de Seguimiento de Casos Electorales de la Universidad Estatal de Ohio es una base de datos ordenable que facilita la búsqueda de casos judiciales relacionados con elecciones y máquinas de votación.

El Registro de Seguimiento de Demandas Judiciales sobre Datos Confidenciales de los Votantes de la Universidad de Wisconsin es una base de datos que hace un seguimiento de las demandas judiciales presentadas por 30 estados y Washington D.C. para bloquear la solicitud de datos de votantes por parte de la administración Trump. Está dirigido por la State Democracy Research Initiative de la escuela de derecho.

La United States Vote Foundation, una organización sin fines de lucro no partidista, mantiene un directorio de autoridades electorales locales.

Rachel Layne es una periodista independiente de Boston cuyo trabajo ha aparecido en medios como CBS News, CQ Researcher, The Journalist’s Resource, HBS Working Knowledge y USA Today. Anteriormente, trabajó 20 años en Bloomberg News, donde reporteaba sobre corporaciones multinacionales, entre otras funciones. También es instructora adjunta en el Departamento de Periodismo de Emerson College.